Para
incorporar a personas con discapacidad al ámbito laboral se adicionará un
párrafo a la Ley Estatal de Personas con Discapacidad
· *Como
representantes populares debemos responder a la necesidad de difundir el tema
de la inclusión laboral: Diputada Anita Beltrán
Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán
contratar a personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con el perfil
solicitado, hasta alcanzar cuando menos el tres por ciento de la planta laboral
y en el caso de las empresas, industrias, comercios y establecimientos cuyo
capital sea privado, por lo menos el dos por ciento.
Lo anterior fue el resultado del dictamen que
presentó la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con
Discapacidad, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el
cual se propone la adición de un primer párrafo al artículo 74 de la Ley
Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur,
que presentaron las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth
Montaño Ruiz, así como el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, integrantes de la
fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.
“Como representantes populares debemos responder a
la necesidad de difundir el tema de la inclusión laboral; buscando aportar
nuestro granito de arena en el apoyo al diseño de una política de inclusión
laboral sustentada en la capacidad y oportunidad de generar los medios para que
los sectores más vulnerables de la población como lo son las personas con algún
tipo de discapacidad puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera plena
a través de una actividad productiva”, expresó la presidenta de la comisión de
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, diputada Anita
Beltrán Peralta.
Esta modificación se refleja en facilitar el acceso
a un espacio laboral de las personas con discapacidad, que les garantice poder
trabajar y formar parte de la población económicamente activa, con todos los
beneficios que ello implica.
Cabe destacar que según el último censo de
población y vivienda, en México asciende a 5.7 millones el número de personas
con discapacidad, que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo,
y que los principales motivos son relacionados con actos discriminatorios y la
falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.
Este derecho tiene que ver con la obligación del
estado mexicano de velar porque éste se materialice en relaciones labores
conducentes a propiciar el trabajo digno en el que no hay cabida a ningún tipo
de discriminación laboral; el tema de inclusión laboral es reciente; por lo que
se trata de un nuevo enfoque que ha permitido sentar las bases para transitar
de una política asistencialista a una política de derechos humanos, que
facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en
la vida social y económica del país.
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