INSTALA CONGRESO DE BCS COMISIÓN INSTRUCTORA PARA
ATENDER SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE UNO DE SUS INTEGRANTES
• El pasado 05 de mayo la XVI Legislatura recibió la solicitud de procedencia del ejercicio de la acción penal en contra del Diputado Juan Pérez Cayetano, presentada por la PGJE
La tarde
del martes 17 de mayo en sesión privada, el Pleno de la XVI Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California Sur instaló la Comisión Instructora que
habrá de iniciar el proceso de declaratoria del ejercicio de la acción penal en
el caso del diputado Juan Pérez Cayetano ante una demanda penal interpuesta en
su contra.
Conforme
lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realizó la sesión en la
que el Pleno aprobó mediante votación por cédula secreta, la propuesta de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) para la integración de la
comisión, la cual quedó conformada por las diputadas María Guadalupe Moreno
Higuera (Morena) como presidenta, Blanca Belía Márquez Espinoza (PAN) como
secretaria y el diputado Luis Armando Díaz (PT) como secretario.
El
presidente de la JUGOCOPO, diputado José María Avilés Castro notificó que el
pasado 05 de mayo, la XVI Legislatura recibió la solicitud de procedencia del ejercicio de la
acción penal en contra del Diputado Juan Pérez Cayetano, presentada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría de Atención a
Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, y que será esta
comisión la que reciba el expediente y realice un análisis de la probable
responsabilidad del diputado aludido, respecto a las conductas que se le
imputan, y deberán presentar sus conclusiones ante el Pleno del Congreso, que
se erigirá en Jurado de Procedencia y conocerá del dictamen de la comisión,
respecto a si hay lugar a proceder penalmente contra el servidor público.
Esta
acción de las diputadas y diputados de la XVI Legislatura de Baja California
Sur se da en acato a las responsabilidades que se derivan de la Constitución
del Estado, de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y
Municipios, así como de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Baja California Sur.
La ley
establece que hay un plazo de 46 días para presentar dicho dictamen, así como
un periodo prorrogable de 15 días más.
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