𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐢𝐩𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐫í𝐚 𝐋𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐎𝐣𝐞𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐨 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐎𝐈𝐂 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐄𝐃𝐇𝐁𝐂𝐒
• Propone reformar la fracción XLVIII del numeral 64 de la Constitución de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquies de la Ley de la CEDHBCS
La Diputada María Luisa
Ojeda González (PRD) presentó una iniciativa para reformar la
Constitución del Estado y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDHBCS) para que la persona titular del Órgano Interno de Control (OIC) de
dicha comisión sea designado por integrantes del Congreso del Estado de Baja
California Sur, mediante el mismo procedimiento de selección que el titular, es
decir selección y votación por mayoría calificada.
Actualmente la designación es facultad del presidente de la comisión, lo
cual se establece en el artículo 44 Ter de la Ley de la CEDHBCS, “Quien ocupe
la Titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, designará a
quien desempeñará la Titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión,
previo análisis del perfil profesional y la documentación que acredite
experiencia y los conocimientos requeridos”.
La representante del PRD propone reformar la fracción XLVIII del numeral
64 de la Constitución de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44
quinquies de la Ley de la CEDHBCS.
Considera que el hecho de que sea el ombudsman quien designe a la
persona titular del OIC plantea un posible conflicto de intereses, ya que no se
puede ser juez y parte en la misma causa. “Cuando la misma entidad que está
siendo supervisada tiene el poder de nombrar a quien la supervisa, existe el
riesgo de que la independencia y la imparcialidad del órgano interno de control
se vean comprometidas”, apuntó.
Ojeda González dijo a sus homólogos que “debemos de tener una visión
crítica y consciente sobre el poder, su relación con el Estado y la necesidad
de salvaguardias para prevenir su mal uso por la importancia de los órganos
internos de control como mecanismos para supervisar y equilibrar el ejercicio
del poder público.
Los convocó a buscar establecer un marco legal que promueva la
transparencia, la responsabilidad y la justicia en el ejercicio del poder
estatal.
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