𝐀𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐲 𝟑 𝐝𝐞 𝟑 𝐞𝐧 𝐁𝐂𝐒
• Será requisito de
elegibilidad, el no ser deudora o deudor alimentario moroso; para evitar que
los agresores y deudores alimentarios ocupen un cargo público de elección o de
designación como servidor público
• Fueron propuestas de las diputadas Teresita de Jesús Teresita Valentín Oficial Vázquez y Gabriela Cisneros, así como de la ciudadana Alma Margarita Oceguera Rodríguez
Diputadas y diputados de la
XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobaron por
unanimidad reformas y adiciones a diversas leyes como la Constitución estatal,
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Electoral, la Ley Orgánica de la Administración
Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Baja
California Sur, para que ninguna persona con antecedentes de cualquier tipo de
violencia o deudora o deudor alimentario moroso o agresor sexual, pueda ser
designada en cargos de elección popular ni de designación de servidor en
cualquier nivel o poder del servicio público.
Se trata de dos iniciativas
presentadas por separado, dictaminadas por las comisiones permanentes unidas de
Puntos Constitucionales y de Justicia, de Derechos Humanos, de Asuntos
Indígenas y Afromexicanos, de Transparencia y Anticorrupción y de Igualdad de
Género; la primera de ellas, presentada por las diputadas Teresita de Jesús
Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz, con el propósito de eliminar la
violencia contra las mujeres y en congruencia con el interés superior de la
niñez, y la segunda de ellas, en el mismo tenor, agregando también, reformas a
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
La iniciativa de las
legisladoras y la ciudadana adiciona a la Constitución Política del Estado en
su artículo 31, de la suspensión de los derechos o prerrogativas: por estar
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que
prescriba la acción penal; por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa
suspensión; por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos
contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad
sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar
equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política
contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos
o violencia institucional e Incumplimiento de la obligación alimentaria, y ser
declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Así también establece que
“Las personas que se ubiquen en alguno o algunos de los supuestos previstos en
las fracciones II, III, IV y V del presente artículo no podrán ser registradas
como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni podrán
ser designadas, electas o nombradas para desempeñar cualquier empleo, cargo o
comisión en el servicio público”.
En los artículos
transitorios se plantea que hasta en tanto se cree el Registro Nacional de Obligaciones
Alimentarias y para dar cumplimiento a la fracción III del Articulo 31 a que se
refiere el decreto, el Poder Judicial del Estado, deberá expedir la constancia
de no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso.
Así como que la Dirección General
del Sistema Penitenciario, deberá expedir la constancia de no contar con
sentencia firme a la persona que pretenda ser registrada en una candidatura de
elección popular, o ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio
público, por los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la
Constitución del Estado.
La Diputada
María Luisa Ojeda González dijo que la reforma se resume en tres acciones
directas que ningún agresor sexual, ningún alimentario o ningún generador de
violencia nos represente en algún cargo público de elección popular o por
designación en los tres niveles de gobierno.
Por su parte la diputada
Teresita se refirió a los artículos transitorios para establecer el mecanismo
del Registro Estatal de Deudores.
Fue un dictamen presentado
por las comisiones permanentes unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia,
de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de Transparencia y
Anticorrupción y de Igualdad de Género, con relación a las iniciativas
presentadas, por las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela
Cisneros Ruíz, mediante la que proponen reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Constitución del Estado, de la ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos del Estado, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, de la Ley Electoral del Estado y de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado.
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