APRUEBA CONGRESO CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO PARA OBRAS PÚBLICAS
EN EL ESTADO.
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Fue reformada
la Ley de Obras estatal para crear la figura del observatorio ciudadano con
participación de la iniciativa privada, academia y sociedad civil
Para frenar casos de corrupción en los
procedimientos de obra pública en el estado, el congreso de Baja California Sur
aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado y Municipios,
mediante la cual se instituye el observatorio ciudadano, figura que tendrá la
participación de cámaras empresariales, academia, colegios de profesionistas y
sociedad civil para revisar, proponer y dar seguimiento a las obras que
ejecutan los gobiernos.
En el desahogo de la sesión de este jueves la
iniciativa propuesta por la diputada Milena Quiroga Romero fue aprobada por
unanimidad tras la dispensa del trámite parlamentario solicitado por las
comisiones dictaminadoras de asuntos fiscales y administrativos y de
transparencia y anticorrupción.
La iniciadora expuso que estas adecuaciones a la
ley garantizan la participación ciudadana al servicio público, que abren la
posibilidad a la sociedad civil a que participe y sea testigo de que las obras
públicas se hagan con calidad y con los procedimientos adecuados.
El observatorio Ciudadano, se integrará por un
representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el
Estado (CMIC), del Colegio de Ingenieros en el Estado, del Colegio de
Arquitectos en el Estado, del Colegio de Peritos Valuadores del Estado, un
académico designado por el departamento de Ciencias de la tierra del Instituto
Tecnológico de La Paz; de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y tres
representantes, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y sus
participaciones serán honorificas por lo que no recibirán retribución
económica, según el artículo 103 de la referida ley.
La finalidad
de la iniciativa es evitar casos de corrupción que se han presentado en la obra
pública a nivel federal y local, la cual ha rebasado los colores de los
partidos políticos y niveles de gobierno, pues en todo el país se han
construido obras deficientes o no se han terminado de construir, a pesar de la
asignación de recursos públicos para su ejecución y actos en los que han
participado servidores públicos y particulares.
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