• Más de 269 jornaleros agrícolas del rancho “El Piloto” del Valle de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, cerraron las oficinas administrativas de la empresa en señal de protesta laboral
Las diputadas Hilcia González Márquez y Eufrocina López Velasco
denunciaron diferentes hechos que constituyen violaciones a los derechos
laborales y humanos de la empresa en contra de jornaleros agrícolas del Valle
de Vizcaíno.
En la Tribuna del Congreso de Baja California Sur, las representantes de
la población indígena y afromexicana revelaron que el pasado sábado 20 de
abril, más de 269 jornaleros agrícolas del Rancho “El Piloto” de la empresa
Baja Best ubicado en Villa Alberto Alvarado (Valle de Vizcaíno), en el
municipio de Mulegé, tomaron las oficinas administrativas de la empresa, luego
de varios meses sin recibir sus salarios y de la falta de pago de aguinaldos de
2023, “cansados, llenos de impotencia y en señal de protesta”.
López Velasco y González Márquez realizaron un recorrido por la zona
acompañadas de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del
Estado, la procuraduría auxiliar de la defensa del trabajo e inspección laboral
municipal, en donde constataron las condiciones inhumanas en las que viven los
jornaleros agrícolas, sin acceso a servicios médicos; falta de suministro de
agua potable y de energía eléctrica en algunos cuartos, así como que se les
cancelaron los servicios de guardería como de transporte al pueblo para
realizar comprar al poblado.
Como resultado de la visita de las legisladoras y autoridades, de común
acuerdo se firmó un compromiso de pago por la parte patronal representado por
el ciudadano Max Ibarguen quien comprometió cumplir con los pagos
correspondientes de los trabajadores.
“Es inaceptable que este grupo tan vulnerable de personas de 70, 80
incluso 90 años, tengan que realizar trabajos forzosos y no cuenten con una
pensión y jubilación que por ley les corresponde y que han adquirido desde
1970”, expresó la diputada Hilcia Dayani González Márquez.
Por su parte la legisladora Eufrocina López resaltó que estos actos
dejan ver el nivel de desesperación y la angustia de más de 200 familias que
habitan en el Valle de Vizcaíno, al no contar con sus sueldos para solventar
sus necesidades básicas.
“Se siguen suscitando casos de impunidad, en los que los patrones,
cometen faltas, sin temor alguno. No debemos anteponer los excesivos
privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley
Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en
situación vulnerable”, sentenció en su turno.
Ambas legisladoras lamentaron que en la actualidad no se cumple con la
Constitución General, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes. Es una
referencia clara las condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas
de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral,
situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas,
insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia
de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios
médicos, entre otros.
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