ESTA NOTA LO PUBLICA EL SEMANARIO EL ZETA EN LA EDICCION1902
Empresario acusan fallas y abusos
Despilfarro municipal
Las administraciones de La Paz, Comondú, Mulegé, Loreto y Los Cabos tienen deudas millonarias; al dejar de pagar impuestos, servicios, proveedores y sueldos de empleados, los acreedores empezaron a embargar. Los comondueños pidieron al Congreso la destitución del alcalde Joel Villegas. Y los empresarios sudcalifornianos rechazan la venta de bienes inmuebles como alternativa de solución.
Empresario acusan fallas y abusos
Despilfarro municipal
Las administraciones de La Paz, Comondú, Mulegé, Loreto y Los Cabos tienen deudas millonarias; al dejar de pagar impuestos, servicios, proveedores y sueldos de empleados, los acreedores empezaron a embargar. Los comondueños pidieron al Congreso la destitución del alcalde Joel Villegas. Y los empresarios sudcalifornianos rechazan la venta de bienes inmuebles como alternativa de solución.
cortesia del "ZETA"
Los gobiernos municipales de Baja California Sur han recibido golpes hacendarios demoledores en los últimos días. Mientras, los representantes del sector empresarial les reclaman “pésimas” administraciones y los acusan de haber llevado a los ayuntamientos a la quiebra.
En el Partido de la Revolución Democrática la preocupación es una y la manifestó públicamente el presidente estatal del PRD Adrian Chávez Ruiz: “El atraso en pagos de salarios, en negociación con el Sindicato de Burócratas, la falta de servicios públicos, la venta de propiedades municipales para allegarse de recursos y otros, podrían impactar en las elecciones del próximo febrero”.
En el municipio de Los Cabos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó un predio de tres hectáreas al ayuntamiento local donde se pretendía construir una nueva alcaldía, por no haber pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, según confirmo el síndico municipal, José Manuel Curiel Castro.
Dijo que como representante legal del municipio fue el primer sorprendido por el embargo, pues ni la presidencia municipal ni el SAT le notificaron que el terreno sería tomado en garantía por un adeudo de 34 millones de pesos.
Comondú tiene mayores problemas. Desde el pasado 2 de septiembre, los trabajadores municipales están en paro laboral por falta del pago de la segunda parte de bono de útiles escolares.
Tienen tomadas las oficinas de servicios públicos municipales. Ciudades como Constitución e Insurgentes son un caos en lo referente a la basura y fugas de agua, así como el abastecimiento de cárnicos, porque el rastro municipal también está cerrado.
Con fecha 6 de septiembre, los trabajadores municipales solicitaron por escrito al Congreso del Estado, destituir al Presidente Municipal Joel Villegas Ibarra y nombrar un consejo ciudadano, para que administre el dinero público en lo que resta de la gestión.
Reclaman que mientras sus prestaciones no son cubiertas, uno de los hijos del alcalde circule desde junio pasado un vehículo Raptor valuado en 250 mil pesos.
Tampoco en Loreto y Mulegé, los alcaldes Yuan Yee y José Manuel Murillo Peralta, han podido pagar el sueldo de la mayoría de sus colaboradores, les deben de tres a cinco quincenas “…y no hay para cuándo” se quejaron los afectados.
Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz anunció el pasado 6 de septiembre la subasta de un lote urbano en construcción con 10 mil metros cuadrados en una zona conocida como “El Cerro de la Calavera” para poder hacer frente al pago de bonos, proveedores y otros gastos que tienen asfixiadas sus finanzas.
Acción similar a la del alcalde de Comondú que puso en venta la isla Punta Belcher, parte de una biósfera supuestamente protegida.
En medio de estos desastres financieros, el sector empresarial de Baja California Sur finalmente decidió expresar su inconformidad a través de un comunicado.
Manifestaron que la decisión tomada por el Cabildo del XIII Ayuntamiento de La Paz, donde se acuerda enfrentar a los graves problemas en las finanzas públicas de este municipio a través de la venta de un bien inmueble propiedad pública originaria, no obedece más que a las grandes fallas y abusos resultado de la pésima administración pública clientelista del pasado y malas decisiones del presente.
“La institución pública más cercana al pueblo es el municipio, así versa su motivación constitucional, por lo que a éste se le ha atribuido el encargo de servir, eficaz y eficientemente, en la vida y convivencia social de las personas, sin embargo la pésima administración pública de los recursos han llevado materialmente a los municipios a la quiebra”.
Expusieron que desprenderse de bienes públicos no es una decisión equivocada cuando ésta se toma como medida preventiva, desreguladora, alentadora de la actividad económica y sobre todo muy bien justificado el fin, los efectos sociales y económicos que se reproducirán con el bien al entrar a la propiedad privada a la luz de un proyecto productivo.
Pero cuando el bien sale del patrimonio público, como medida urgente, para reproducir un paliativo en las finanzas públicas, el producto de la venta y el patrimonio se pierde inútilmente, porque se destinará al pago de sueldos y prestaciones sociales.
Los gobiernos municipales de Baja California Sur han recibido golpes hacendarios demoledores en los últimos días. Mientras, los representantes del sector empresarial les reclaman “pésimas” administraciones y los acusan de haber llevado a los ayuntamientos a la quiebra.
En el Partido de la Revolución Democrática la preocupación es una y la manifestó públicamente el presidente estatal del PRD Adrian Chávez Ruiz: “El atraso en pagos de salarios, en negociación con el Sindicato de Burócratas, la falta de servicios públicos, la venta de propiedades municipales para allegarse de recursos y otros, podrían impactar en las elecciones del próximo febrero”.
En el municipio de Los Cabos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó un predio de tres hectáreas al ayuntamiento local donde se pretendía construir una nueva alcaldía, por no haber pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, según confirmo el síndico municipal, José Manuel Curiel Castro.
Dijo que como representante legal del municipio fue el primer sorprendido por el embargo, pues ni la presidencia municipal ni el SAT le notificaron que el terreno sería tomado en garantía por un adeudo de 34 millones de pesos.
Comondú tiene mayores problemas. Desde el pasado 2 de septiembre, los trabajadores municipales están en paro laboral por falta del pago de la segunda parte de bono de útiles escolares.
Tienen tomadas las oficinas de servicios públicos municipales. Ciudades como Constitución e Insurgentes son un caos en lo referente a la basura y fugas de agua, así como el abastecimiento de cárnicos, porque el rastro municipal también está cerrado.
Con fecha 6 de septiembre, los trabajadores municipales solicitaron por escrito al Congreso del Estado, destituir al Presidente Municipal Joel Villegas Ibarra y nombrar un consejo ciudadano, para que administre el dinero público en lo que resta de la gestión.
Reclaman que mientras sus prestaciones no son cubiertas, uno de los hijos del alcalde circule desde junio pasado un vehículo Raptor valuado en 250 mil pesos.
Tampoco en Loreto y Mulegé, los alcaldes Yuan Yee y José Manuel Murillo Peralta, han podido pagar el sueldo de la mayoría de sus colaboradores, les deben de tres a cinco quincenas “…y no hay para cuándo” se quejaron los afectados.
Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz anunció el pasado 6 de septiembre la subasta de un lote urbano en construcción con 10 mil metros cuadrados en una zona conocida como “El Cerro de la Calavera” para poder hacer frente al pago de bonos, proveedores y otros gastos que tienen asfixiadas sus finanzas.
Acción similar a la del alcalde de Comondú que puso en venta la isla Punta Belcher, parte de una biósfera supuestamente protegida.
En medio de estos desastres financieros, el sector empresarial de Baja California Sur finalmente decidió expresar su inconformidad a través de un comunicado.
Manifestaron que la decisión tomada por el Cabildo del XIII Ayuntamiento de La Paz, donde se acuerda enfrentar a los graves problemas en las finanzas públicas de este municipio a través de la venta de un bien inmueble propiedad pública originaria, no obedece más que a las grandes fallas y abusos resultado de la pésima administración pública clientelista del pasado y malas decisiones del presente.
“La institución pública más cercana al pueblo es el municipio, así versa su motivación constitucional, por lo que a éste se le ha atribuido el encargo de servir, eficaz y eficientemente, en la vida y convivencia social de las personas, sin embargo la pésima administración pública de los recursos han llevado materialmente a los municipios a la quiebra”.
Expusieron que desprenderse de bienes públicos no es una decisión equivocada cuando ésta se toma como medida preventiva, desreguladora, alentadora de la actividad económica y sobre todo muy bien justificado el fin, los efectos sociales y económicos que se reproducirán con el bien al entrar a la propiedad privada a la luz de un proyecto productivo.
Pero cuando el bien sale del patrimonio público, como medida urgente, para reproducir un paliativo en las finanzas públicas, el producto de la venta y el patrimonio se pierde inútilmente, porque se destinará al pago de sueldos y prestaciones sociales.
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