ESTAS DOS NOTAS CORTESIA DEL SEMANARIO EL ZETA EN LA EDICCION 1902
$5 millones de pesos para la campaña de Díaz
Desvío del erario
El dinero público que el Gobernador entregó para la campaña del ex secretario general salió de las partidas 210203 y 210401. El cheque salió a nombre de la Libre Asociación Democrática y entre proveedores que consumieron ese dinero están varios familiares de Agúndez.
CORTESIA DEL SEMANARIO "ZETA"
Desvío del erario
El dinero público que el Gobernador entregó para la campaña del ex secretario general salió de las partidas 210203 y 210401. El cheque salió a nombre de la Libre Asociación Democrática y entre proveedores que consumieron ese dinero están varios familiares de Agúndez.
CORTESIA DEL SEMANARIO "ZETA"
“Se instruye por la presente que a la brevedad se gire orden de pago por la cantidad de cinco millones de pesos, a favor de la Libre Asociación Democrática, para realizar operaciones de campaña a favor del T.C.C. Luis Armando Díaz”, firma el gobernador de Baja California Sur.
Así, abiertamente Narciso Agúndez Montaño abusa del dinero de los sudcalifornianos y con un plumazo le asigna ilegalmente recursos del erario a la campaña del ex secretario general Luis Armando Díaz, con la intención de que se convierta en el candidato oficial del PRD al gobierno del estado de Baja California Sur.
El documento que se hizo llegar a ZETA, está impreso en hoja membretada, fue elaborado el 26 de abril y recibido el día 30 a las 10 de la mañana, en la oficina del Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez.
Libre Asociación Democrática (LAD) es la organización política que opera la precampaña del ex colaborador estatal, y en ella participa gran parte de la familia del titular del ejecutivo. Sus hermanos José Antonio, Ramón, Rosario, Luis Miguel y Hermelinda, sus primos Luis y Roberto Rosas Montaño, sus hijos y hasta su yerno Freddy Erubey Martínez Rivera, este último líder en el municipio de La Paz, Baja California Sur.
En teoría, ese recurso sería utilizado por Díaz a partir del 30 de junio cuando renunció a la administración estatal, el dinero era para la integración de los comités municipales de la LAD en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, que requerían de una fuerte inversión.
Había compromisos como el pago de la renta de local, repintado, compra de mobiliario, papelería de oficina, gasolina, sueldo del personal y todo tipo de propaganda, inclusive automóviles y camionetas.
Fuentes gubernamentales que pidieron no ser identificadas, informaron que previo al documento firmado por el Gobernador, Armando Díaz solicitó verbalmente el recurso, pero el secretario Ramírez Gómez se negó porque no es su precandidato, él simpatiza con Marcos Covarrubias Villaseñor. Exigió la solicitud por escrito y la recibió.
El dinero salió de las partidas 210203 y 210401, donde proveedores de bienes y servicios, incluidos familiares del gobernador Agúndez, entregaron facturas por diferentes cantidades para justificar la salida del dinero público.
La comisión de un delito electoral de este tipo, no es novedad para el primer mandatario de Baja California Sur. El 26 de agosto de 1999, cuatro meses después de haber asumido el cargo de Presidente Municipal de Los Cabos, Don Narciso ordenó por escrito al entonces delegado de Cabo San Lucas, Roberto Güereña Tellechea, recibir una camioneta que se usó en su campaña política para proceder a la reposición de la unidad automotriz a su dueño.
Como prueba de este acto, quedó una hoja membretada del VII Ayuntamiento de Los Cabos. Las instrucciones quedaron inscritas de su puño y letra con firma al calce.
“Es la primera vez que un gobernador deja tanto desmadre –¡disculpe la palabra!– en el estado. Hoy, es fecha que no se ha pagado su sueldo a trabajadores del nuevo Hospital Salvatierra, no se ha pagado el bono a policías, incluso a los pocos agentes que se les dieron el bono, se los bajaron hasta el 40 por ciento”, expuso molesto uno de los informantes.
“Los ayuntamientos están en quiebra, no han pagado bonos de útiles escolares a los trabajadores, no han entregado los paquetes escolares que cada año daban a los alumnos de primaria y secundaria, y este señor gastándose el dinero de la sociedad tan campantemente en campañas. No es justo que se esté asignando dinero para imponer a un hombre que ni siquiera sabemos de dónde viene.
“La mayoría de los trabajadores ya estamos cansando de este gobernador que salió peor que todos los otros, incluso que los del PRI. Se han robado mucho dinero, han beneficiado a toda su familia a manos llenas. Mientras a uno no le alcanza ni para comer, sus hijos y familiares estrenan propiedades y vehículos y no salen de los mejores restaurantes del estado”, expuso desde el anonimato uno de los afectados.
Pero la orden girada por el mandatario para que se cometiera este delito electoral, no es nada nueva. Es una costumbre en su personalidad. Y existen antecedentes de esto. El 26 de agosto de 1999, es decir, cuatro meses después de haber asumido el cargo de Presidente Municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño ordenó por escrito al entonces delegado de Cabo San Lucas, Roberto Güereña Tellechea, recibir una camioneta que se usó en su campaña política para proceder a la reposición de la unidad automotriz a su dueño. En una hoja membretada del VII Ayuntamiento de Los Cabos, escribió el recado con puño y letra y lo firmo.
Los primeros efectos negativos en la administración estatal, de los desvíos y el despilfarro fueron anunciados por el Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, quien advirtió que a partir del primero de septiembre recortaría la dotación de combustible a diferentes dependencias. Cancelará el 35 por cientos de las líneas telefónicas y reducirá el 10 por ciento del salario a todos los funcionarios para poder hacer frente a los compromisos adquiridos.
Así, abiertamente Narciso Agúndez Montaño abusa del dinero de los sudcalifornianos y con un plumazo le asigna ilegalmente recursos del erario a la campaña del ex secretario general Luis Armando Díaz, con la intención de que se convierta en el candidato oficial del PRD al gobierno del estado de Baja California Sur.
El documento que se hizo llegar a ZETA, está impreso en hoja membretada, fue elaborado el 26 de abril y recibido el día 30 a las 10 de la mañana, en la oficina del Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez.
Libre Asociación Democrática (LAD) es la organización política que opera la precampaña del ex colaborador estatal, y en ella participa gran parte de la familia del titular del ejecutivo. Sus hermanos José Antonio, Ramón, Rosario, Luis Miguel y Hermelinda, sus primos Luis y Roberto Rosas Montaño, sus hijos y hasta su yerno Freddy Erubey Martínez Rivera, este último líder en el municipio de La Paz, Baja California Sur.
En teoría, ese recurso sería utilizado por Díaz a partir del 30 de junio cuando renunció a la administración estatal, el dinero era para la integración de los comités municipales de la LAD en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, que requerían de una fuerte inversión.
Había compromisos como el pago de la renta de local, repintado, compra de mobiliario, papelería de oficina, gasolina, sueldo del personal y todo tipo de propaganda, inclusive automóviles y camionetas.
Fuentes gubernamentales que pidieron no ser identificadas, informaron que previo al documento firmado por el Gobernador, Armando Díaz solicitó verbalmente el recurso, pero el secretario Ramírez Gómez se negó porque no es su precandidato, él simpatiza con Marcos Covarrubias Villaseñor. Exigió la solicitud por escrito y la recibió.
El dinero salió de las partidas 210203 y 210401, donde proveedores de bienes y servicios, incluidos familiares del gobernador Agúndez, entregaron facturas por diferentes cantidades para justificar la salida del dinero público.
La comisión de un delito electoral de este tipo, no es novedad para el primer mandatario de Baja California Sur. El 26 de agosto de 1999, cuatro meses después de haber asumido el cargo de Presidente Municipal de Los Cabos, Don Narciso ordenó por escrito al entonces delegado de Cabo San Lucas, Roberto Güereña Tellechea, recibir una camioneta que se usó en su campaña política para proceder a la reposición de la unidad automotriz a su dueño.
Como prueba de este acto, quedó una hoja membretada del VII Ayuntamiento de Los Cabos. Las instrucciones quedaron inscritas de su puño y letra con firma al calce.
“Es la primera vez que un gobernador deja tanto desmadre –¡disculpe la palabra!– en el estado. Hoy, es fecha que no se ha pagado su sueldo a trabajadores del nuevo Hospital Salvatierra, no se ha pagado el bono a policías, incluso a los pocos agentes que se les dieron el bono, se los bajaron hasta el 40 por ciento”, expuso molesto uno de los informantes.
“Los ayuntamientos están en quiebra, no han pagado bonos de útiles escolares a los trabajadores, no han entregado los paquetes escolares que cada año daban a los alumnos de primaria y secundaria, y este señor gastándose el dinero de la sociedad tan campantemente en campañas. No es justo que se esté asignando dinero para imponer a un hombre que ni siquiera sabemos de dónde viene.
“La mayoría de los trabajadores ya estamos cansando de este gobernador que salió peor que todos los otros, incluso que los del PRI. Se han robado mucho dinero, han beneficiado a toda su familia a manos llenas. Mientras a uno no le alcanza ni para comer, sus hijos y familiares estrenan propiedades y vehículos y no salen de los mejores restaurantes del estado”, expuso desde el anonimato uno de los afectados.
Pero la orden girada por el mandatario para que se cometiera este delito electoral, no es nada nueva. Es una costumbre en su personalidad. Y existen antecedentes de esto. El 26 de agosto de 1999, es decir, cuatro meses después de haber asumido el cargo de Presidente Municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño ordenó por escrito al entonces delegado de Cabo San Lucas, Roberto Güereña Tellechea, recibir una camioneta que se usó en su campaña política para proceder a la reposición de la unidad automotriz a su dueño. En una hoja membretada del VII Ayuntamiento de Los Cabos, escribió el recado con puño y letra y lo firmo.
Los primeros efectos negativos en la administración estatal, de los desvíos y el despilfarro fueron anunciados por el Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, quien advirtió que a partir del primero de septiembre recortaría la dotación de combustible a diferentes dependencias. Cancelará el 35 por cientos de las líneas telefónicas y reducirá el 10 por ciento del salario a todos los funcionarios para poder hacer frente a los compromisos adquiridos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario