• “Es más que evidente, los mensajes de odio y discriminación por miembros de la sociedad y también de las instituciones, en todos los sentidos, son una realidad”: Diputada Guadalupe Mapy Moreno
Con el propósito de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera
presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto
Sudcaliforniano de la Diversidad.
Lo anterior, como resultado de una de las necesidades planteadas por
quienes participaron en el Primer Parlamento Sudcaliforniano de la Diversidad,
en el sentido de que, como es más que evidente, los mensajes de odio y
discriminación por miembros de la sociedad y también de las instituciones, en
todos los sentidos, son una realidad.
El Instituto Sudcaliforniano de la Diversidad, se crea como un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con sede en la capital del Estado de Baja
California Sur y con representación en cada uno de sus municipios.
En su intervención la legisladora de la bancada de Morena, enfatizó que
no obstante la prohibición de discriminar que está plasmada en el artículo
primero, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.
En ese sentido, el Instituto tendrá por objeto establecer políticas y
acciones que incidan en la incorporación de la población perteneciente a la
Diversidad Sexual Sudcaliforniana en la vida económica, social, política y
cultural en condiciones de igualdad y perspectiva de género, promoviendo ante
las autoridades e instancia competente los mecanismos necesarios para ello.
“Justamente, el hecho de que no se respete lo establecido en la Carta
Magna de nuestro país, en materia del derecho de igualdad y de no
discriminación, significa, a parte de una grave violación de los derechos
humanos y un acto de inconstitucionalidad, - jurídicamente hablando - al mismo
tiempo, representa una razón para que, quienes somos servidores públicos
cumplamos con una de nuestras funciones y obligaciones constitucionalmente
dispuesta también, en el numeral primero del texto constitucional en el sentido
de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad”, expresó Moreno Higuera.
En ese sentido, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley y toda persona que tenga una orientación sexual y expresión e identidad
de género diversa será sujeto de los derechos reconocidos por esta Ley, los
cuales no podrán restringirse ni ser impedidos por prácticas discriminatorias.
Esta iniciativa, fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Fiscales
y Administrativos y de Atención a Grupos Vulnerables y Discapacidad para su
análisis y dictaminación.
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