Protegen a escolta de LAD que disparó contra presunto asaltante
Inexplicable porqué el homicida portaba arma, quién autorizó guarura para Luis Armando Díaz: Rubio Ruiz
Derivado del evento delictivo que se difundió a nivel nacional, inicialmente como un fallido atentado contra el candidato del PRD a la gubernatura estatal, Luis Armando Díaz, se desprenden interrogantes que reflejan la inseguridad que en forma alarmante se incrementa en nuestros ámbitos urbanos a lo largo de toda la entidad, refirió el Presidente del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito A.C, Jesús Arturo Rubio Ruíz.
Tentativa de robo frustrado, pleito de feromonas entre homosexuales, crédito vencido en un suministro de drogas de abuso, o cualquiera que haya sido el resorte generador del evento, lo cierto es que a la fecha, las autoridades preventivas y persecutoras del Estado, han quedado evidenciadas por su incompetencia y proclividad a faltar a la verdad en sus reseñas oficiales, vertidas siempre dentro de “boletines de prensa”, bordados invariablemente con frases huecas y prefabricadas que hablan del “compromiso institucional”, de la “lucha frontal contra la delincuencia”, etc. pero que en el fondo lo único que pretenden es dar una explicación que al final deja más interrogantes que respuestas, añadió.
Dijo los hechos incuestionables, que son indignantes y a la vez alarmantes, reflejan la incertidumbre que aflige a los habitantes de la entidad, pues cada día es más difícil para el aparato informativo del Estado, ocultar la escalada de violencia que nos azota, el incremento sin precedentes en el consumo de drogas de abuso, y la impunidad galopante que permite que operen libremente bandas de asaltantes, invasores, violadores, secuestradores, extorsionadores.
Lo único cierto en el evento que generó tanta publicidad, es que un sujeto, utilizando un arma de fuego, asesinó a balazos a quemarropa, a un ser humano.
Ese artero crimen ha quedado sepultado en la confusa y maliciosa integración acelerada de una averiguación previa que concluyó precipitadamente en la consignación por “tentativa de robo” de los dos acompañantes del occiso, uno de ellos, su hermano consanguíneo, y con la absoluta secrecía con que se manejó la situación jurídica del homicida, que ante la opinión pública, nunca explicó el cargo que detenta, el motivo por el cual porta un arma reservada para el uso de la fuerza pública legalmente constituida, las razones por las que asesinó de cuatro balazos a su contendiente, y por tan atroz comportamiento, no fue puesto a disposición de un órgano judicial competente, que en el caso, valorara la existencia o la falta de de atenuantes o eximentes de responsabilidad.
¿quién es este sujeto que puede a su libre albedrío accionar discrecionalmente un arma de fuego y privar de la vida a otro, de cuatro balazos a quemarropa, sin ser por ello llamado a cuentas o enjuiciado?, cuestionó.
Más preguntas sin respuesta, que mueven a la indignación y a la sosobra, ante la evidente complicidad de aquellos que tienen a su encargo el salvaguardar nuestra seguridad y la legalidad en el Estado.
¿Quiénes integran la escolta de LAD?, ¿Son elementos policíacos registrados?, ¿Cuántos son y desde cuando realizan esa labor?, ¿utilizan armamento reglamentado y registrado?, ¿Sedena y gobernación federal están al tanto?
¿Quien les paga su salario, acaso nuestros impuestos?
¿Cuándo autorizó el Congreso que Alcántar, LAD y quién sabe qué otros personajes, cuenten con escoltas armadas?
¿Por qué no se detuvo al sujeto que privó de la vida al supuesto asaltante?.
La ausencia de respuestas pone en evidencia la elevada corrupción que existe en los altos mandos políticos y policiacos del Estado.
Corresponde al Congreso del Estado, a través de las comisiones de seguridad pública, puntos constitucionales y de justicia, ordenar una investigación del evento, que den respuesta a nuestras legítimas interrogantes.
Por desgracia, nuestros representantes populares están más ocupados en asegurar su permanencia en el presupuesto oficial, para seguir viviendo a costa del erario público, y cumplir con su deber en este caso, impone llamar a cuenta a los malos servidores públicos que encabezan las nóminas de seguridad pública y procuración de justicia, y eso, eso nunca se los perdonaría el grupo en el poder, y por eso, este caso, como tantos otros, perderá su curso en el conveniente olvido generado por el silencio oficial.
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